Revelan serias irregularidades en proceso de quiebra de empresa constructora talquina “Marcelo Rivano”

Delitos. Representantes y ex trabajadores de la fallida acusaron uso fraudulento de facturas y venta ilegal de maquinarias por parte de un particular, lo que fue denunciado ante el Ministerio Público por el síndico Tomás Lacámara.

Talca. Una serie de graves irregularidades –que podrían ser constitutivas de delito–, está afrontando el proceso de quiebra de la conocida constructora “Marcelo Rivano” de Talca, iniciado a mediados del año pasado y que hasta la fecha sigue sin arrojar resultados para los acreedores y ex trabajadores de la empresa, quienes al mediodía de ayer sostuvieron una candente reunión en dependencias del hotel “Diego de Almagro” de la capital maulina, al que tuvo acceso en exclusiva Diario La Prensa.

A puertas cerradas
Según revelaron a este medio fuentes vinculadas tanto a la fallida como a los ex trabajadores de la misma, los hechos más graves corresponden a la utilización de facturas obtenidas de manera irregular y que no se podían usar porque ya estaban inhabilitadas por la quiebra e igualmente la desaparición y eventual venta ilegal de 137 máquinas que formaban parte del activo de la constructora, ya que los dineros recaudados por tales transacciones nunca fueron ingresados al proceso de liquidación.
“La quiebra la maneja la Junta de Acreedores y por lo tanto debió ser la junta la que  autorizó la enajenación y venta de esos bienes. Ahora desconozco cómo lo hicieron porque eso lo manejó la junta a puertas cerradas. Nosotros como ex trabajadores en ese momento no podíamos participar en esas reuniones, pero sí lo hacía nuestro abogado, Guillermo Claveri, quien por ese entonces lideraba la Junta”, reveló uno de los ex empleados de la constructora, quien participó en la reunión de ayer, luego que se autorizara su presencia en la Junta de Acreedores.

Fraude al fisco
Las mismas fuentes confidenciaron que tales irregularidades se cometieron en circunstancias que un particular, identificado como Carlos Bustamante, llegó a dependencias de la empresa constructora “haciéndose pasar por síndico”(sic) y tomándose atribuciones que nunca quedaron del todo claras.
En la asamblea de ayer el propio síndico de la quiebra reconoció conocer al mencionado Bustamante –porque le hizo algunas asesorías en Santiago–, pero negó que haya sido funcionario contratado por él ni menos su representante.
“Aquí estamos derechamente frente a un fraude al fisco, por uso ilegal de facturas que ya estaban nulas por la propia quiebra; y a un delito de estafa por la venta de bienes que fueron robados a la quiebra y los dineros nunca se ingresaron a la liquidación”, aseveró por su parte un representante de la fallida.

Denuncia en ministerio público
Al término de la polémica Junta de Acreedores realizada ayer, donde hubo fuertes intercambios de palabras entre algunos de los asistentes e incluso se anunció la presentación de una querella criminal por quiebra culpable fraudulenta, el síndico de la quiebra, Tomás Lacámara, accedió a dialogar con Diario La Prensa, donde confirmó tales irregularidades, así como la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público para que se realice la correspondiente investigación, con el fin de determinar si los hechos son o no constitutivos de delitos y establecer las correspondientes responsabilidad, si las hay.
“Actualmente la quiebra está en el proceso de liquidación de todos los activos de manera clara y transparente. Ahora es cierto que ha habido algunas irregularidades, por lo que yo hice la denuncia respectiva ante el Ministerio Público en Santiago a fines de marzo pasado y posteriormente el caso llegó acá a Talca. Será dicha investigación la que determiné si aquí hay o no hechos constitutivos de delito. Lo que denuncié ante el Ministerio Público fueron facturas que me hizo llegar la fallida que eventualmente podrían haber sido resultado de una enajenación de activos, probablemente como consecuencia de una venta de algunas maquinarias. Lo cierto es que yo no quiero ahondar más en ese tema por razones obvias, ya que está en proceso de investigación”, aseveró Lacámara.

No fácil
Respecto al anuncio de la presentación de una querella criminal por quiebra culpable fraudulenta, el síndico indicó que son acciones a las que pueden recurrir todos los acreedores si así lo estiman necesario y pertinente.
“Si se presenta una querella criminal seguramente a mí me van a citar a declarar, pero yo no tengo relación con eso, ya que eso lo hace la fallida antes o después de la declaratoria de quiebra. No lo puedo calificar yo”, explicó.
Por último y al ser consultado sobre los posibles plazos para la liquidación de los bienes de la fallida, el síndico enfatizó que no se trata de un proceso fácil.
“Se trata de inmuebles que están en el campo y cuyas inscripciones no están claras, entonces no es fácil señalar una fecha definitiva de liquidación de bienes. Yo pedí una ampliación al tribunal de seis meses más, según lo que establece el artículo 130 del Código de Comercio, para poder ampliar la liquidación de los bienes inmuebles y hacerlo de manera clara y transparente”, puntualizó Lacámara.

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