Comenzó juicio contra joven que asaltó y golpeó a madre de ex gobernador

Robo calificado, con lesiones graves. Ayer la víctima relató el hecho ante el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó. Se espera que el debate se centre más bien “en la extensión de las penas a aplicar”.

CURICÓ. Ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó comenzó el juicio contra Emilio Antonio Díaz Mejías, el joven de 20 años, quien reconoció la autoría de la golpiza y posterior asalto que sufrió la profesora, Berta Poblete Negrete, de 62 años, hecho acaecido durante la madrugada del 22 de octubre del 2016 al interior de la vivienda donde la mujer había arribado recién el día anterior. La víctima es madre del ahora ex gobernador de la provincia de Curicó, el abogado, Abraham Vega Poblete. Cabe recordar que fue la propia víctima quien manifestó sus sospechas a detectives de la PDI de Curicó respecto al posible autor, quien terminó siendo uno de los peonetas que participó en la mudanza que contrató la profesora, desde su anterior domicilio en las cercanías de la escuela Palestina hasta una vivienda en la calle Manuel Correa, en el sector de La Marquesa. Fue en el contexto del cambio de casa cuando el imputado se percató que la docente guardaba dinero en efectivo en su cartera, por lo que decidió regresar a dicha vivienda durante la madrugada del 22 de octubre del 2016, ingresando por una ventana posterior, para luego dirigirse al dormitorio. Tras violentar a la víctima, el imputado escapó del sitio del suceso con el dinero y el teléfono celular de la mujer, el cual horas más tarde vendió a un primo, pero que finalmente logró ser recuperado por la PDI, no así el dinero sustraído. En audiencia judicial, el detenido fue objeto de cargos criminales por la fiscalía, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Se trataba de un joven “consumidor de drogas”, quien solo un mes antes de ese hecho había abandonado un programa de rehabilitación.

DISCUSIÓN

Según el fiscal, Felipe Novoa, la discusión que se presentará durante el juicio se enfocará más bien “en la extensión de las penas a aplicar”, donde al menos desde aquella “trinchera” no existen argumentos para que la defensa busque algún tipo de “atenuante” que permita reducir una hipotética sentencia. En este caso se imputa un delito de robo calificado, con lesiones graves, cuya pena podría fluctuar entre los 15 a 20 años privado de libertad. Respecto a la prueba a presentar, Novoa señaló que se enfocará en el relato de la víctima (el cual ayer fue dado a conocer), de los funcionarios policiales que fueron parte de los operativos y de los resultados de los peritajes previamente ordenados.

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